Asociación Rural del Paraguay

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Noticias Institucionales

Comunicado de la ARP

Ante la imputación formulada a productores de la cuenca del Rio Pilcomayo, la ARP comunica lo siguiente:

 

Los productores imputados tienen licencias ambientales otorgadas por la SEAM

Los productores pecuarios imputados por la fiscalía por la supuesta comisión de delitos ambientales vienen trabajando en estrecho contacto con la Secretaría del Ambiente (SEAM), que ha aprobado los estudios de impacto y planes de ordenamiento ambiental de todas y cada una de las unidades de producción incluidas en la imputación. En los mismos figuran todos los diques, caminos y presas que son mencionados como elementos de imputación los cuales, vale la pena remarcar, han sido construidos entre 1966 y 1980. Por lo tanto, de haber existido irregularidades, ellas debieron ser señaladas al momento de evaluar los planes y expedir las licencias correspondientes. Además, las leyes ambientales vigentes fueron promulgadas posteriores a la construcción de las obras mencionadas, por lo que los productores afectados son inimputables en base al principio de la irretroactividad de la ley.

No existe un Plan Nacional de Recursos Hídricos
En junio de 2007 fue promulgada la ley 3239 de los Recursos Hídricos del Paraguay. Ella dispone la elaboración de un Plan Nacional de Recursos Hídricos, asignando a la SEAM la ejecución del mismo.
Pasados cinco años de dicha promulgación, la SEAM no ha cumplido con el mandato emanado de la citada ley.
En consecuencia, es altamente improbable que tanto la SEAM como la fiscalía puedan evaluar objetivamente, y con ajuste al instrumento técnico exigido por la ley, cualquier daño ambiental.
 
La voladura de diques fue parte de un show mediático
En este escenario legal e inundadas grandes extensiones del Chaco, la fiscalía actuante procedió a la voladura de diques y caminos más para justificar su falta de cumplimiento de lo que manda la ley 3239/07 que para paliar los efectos de la inundación, todo bajo una intensa presión mediática.
Las medidas de urgencia aplicadas no resisten ningún análisis técnico serio y, como era de esperarse, no dieron ningún resultado satisfactorio.
 
La real intención fue desprestigiar a productores
Interpretamos que la voladura de caminos fue una dócil respuesta de la SEAM, utilizando a la fiscalía, para responsabilizar a los productores pecuarios de los efectos de la inundación.
Consideramos este un hecho de la más alta gravedad que merece una minuciosa investigación e identificación de los responsables del incumplimiento de los requerimientos técnicos y legales previos e imprescindibles a todo acto de intervención drástica como lo es el empleo de explosivos y la voladura de infraestructuras en establecimientos privados.
Y algo muy grave: en el caso de la Estancia ISLA ALTA, la voladura que allí se dispuso se realizó SIN AVISO PREVIO, lo cual PUSO EN SERIO PELIGRO DE MUERTE al personal de dicho establecimiento, en especial, retireros, familiares y contratistas que permanentemente trabajan en la zona afectada por la explosión.
 
Los productores imputados invirtieron en infraestructura apropiada para regular las aguas del Pilcomayo
Cabe destacar que todos los caminos que fueron dinamitados y que cruzan el rio Montelindo TIENEN PUENTES construidos por los productores y que, en su conjunto, superan en luz y capacidad de drenaje al puente que el Montelindo tiene sobre la ruta Transchaco.
 
Las estancias de los imputados están demasiado lejos de la embocadura de entrada del Pilcomayo
El agua del rio Pilcomayo no llega a la zona del Montelindo, que afecta a los productores imputados, desde hace más de 25 años.
Además, sus establecimientos se encuentran a más de 300 kilómetros en línea recta de la embocadura del río Pilcomayo y fácilmente a más de 1.000 kilómetros siguiendo los canales de escurrimiento.
 
La inundación del Chaco es una catástrofe natural
La inundación que afecta aún hoy al Chaco es por completo atípica. Aproximadamente 2.000.000 de hectáreas fueron cubiertas, lo cual la aproxima a la que afectó la región Occidental en 1979.
Se debe entender que este fenómeno se produjo esencialmente debido a los siguientes factores excepcionales:
a)    En 60 días cayeron más de 1.600 milímetros cúbicos, lo cual equivale a 1.600 litros de agua por metro cuadrado de suelo.
b)   El 95% de la aguas del rio Pilcomayo –es decir, aguas bajas, medias y altas- ingresaron a territorio paraguayo después de más de 20 años, como resultado de los trabajos realizados por la Comisión Nacional del Pilcomayo y de la colmatación de los canales argentinos. Los paleocauces, que eran canales habituales de drenaje del agua, en su mayor parte fueron cubiertos y desaparecieron.
c)    La pendiente característica del terreno en el Chaco es de menos del 1% por cada 50 kilómetros, condición que, con la cantidad de agua caída más la proveniente del Pilcomayo, hizo imposible un escurrimiento rápido.
d)   A esto se suma la textura de los suelos que por ser de predominio arcilloso carecen de buena penetrabilidad la cual se reduce a no más de 15 a 20 centímetros.
 
Los productores imputados se presentaron voluntariamente ante la SEAM para que se tomen las medidas necesarias ante la catástrofe natural
Los productores incluidos en la imputación son miembros de la Asociación Rural del Paraguay. En dicho carácter integran ad honorem la Comisión Nacional del Pilcomayo, dedicada por entero a recuperar la soberanía del Paraguay sobre el caudal del Pilcomayo que le corresponde a nuestro país.
La situación que aún hoy afecta al Chaco constituye una emergencia natural de características inhabituales, difícil de predecir y, una vez desatada, imposible de evitar en sus efectos destructivos.
Es por ello que los productores hoy imputados se presentaron voluntariamente a la SEAM en fecha 18 de abril de 2012 para dar su conformidad y asumir el compromiso de acompañar las medidas tendientes a desmantelar cualquier dispositivo, dique, empalizada, camino, alambrada o presa que pudiere frenar el natural escurrimiento del agua.
Además, no existe población alguna, asentada sobre las rutas internas de los establecimientos aludidos, que pudiera haber estado en peligro.
Con frecuencia hemos escuchado o leído sobre la existencia de “represas” en algunos de los establecimientos y que no son sino caminos internos construidos, como queda señalado más arriba, entre 1966 y 1980, como parte de la infraestructura de producción.
 
En conclusión la imputación de productores honestos responde a una instrumentación ideológica de ciertos sectores.
La Asociación Rural del Paraguay ha evaluando los procedimientos ejecutados por la SEAM y la actuación del fiscal respecto a los productores imputados, ciudadanos honestos que no han cometido crimen alguno y que sin embargo han sido sometidos a un manoseo mediático escandaloso.
La ARP considera apresurado y sin sustento técnico el proceder de la fiscalía, producto de una clara instrumentación ideológica de algunos sectores del Estado contra el sector productivo.