Asociación Rural del Paraguay

El porvenir de la patria está en el campo

Noticias Institucionales

Desalojos serán inmediatos, aseguran

Ministerio del Interior, Fiscalía General y Policía Nacional acordaron por escrito dar celeridad a los procesos.

En un acuerdo calificado de histórico y trascendental para el Estado de Derecho, las garantías constitucionales y la libertad de trabajar y producir en el Paraguay, instituciones públicas y entidades privadas firmaron un acuerdo marco que otorga al Ministerio del Interior la potestad, en instancia obligatoria, de proceder a desalojar a personas o agrupaciones, de la naturaleza que fueren, que ocupen o invadan propiedades privadas. (Ver Documento)  

El acuerdo, que ya ha entrado en vigencia, contempla la intervención “inmediata” -según los términos del protocolo- en casos denunciados y debidamente comprobados de ocupación o invasión de tierras en situación legal.
“Creo que desde que asumí el cargo –de ministro del Interior- se ha procedido a realizar intervenciones en los casos de conflicto de tierras, aunque en este punto hay que aclarar que algunas veces se demoran las desocupaciones debido a problemas de disponibilidad de agentes policiales o bien existen limitaciones judiciales de por medio que nosotros estamos obligados cumplir”, dijo el ministro del Interior, Carlos Filizzola.
 
Filizzola: “Agotar instancias previas”
Señaló como otro condicionante de las intervenciones el hecho de que, según el ordenamiento jurídico vigente, deben agotarse las instancias conciliatorias antes de proceder al uso de la fuerza, y puso como ejemplo el caso Ñacunday, donde están instaladas decenas de familias de “carperos” con el apoyo y la complicidad del Gobierno.
El ministro dejó en claro que la Constitución nacional es clara en cuanto al marco legal sobre la adquisición, uso, tenencia y dominio de la propiedad, y dijo que todos los paraguayos y paraguayas tienen el derecho de contar con tierra propia.
“Tengan en cuenta que el Ministerio no va a dudar a la hora de hacer las intervenciones que tenga que hacer, todo dentro de lo que dicen las leyes”, puntualizó Filizzola.
El fiscal general del Estado, Dr. Javier Díaz Verón, comprometió la actuación eficiente de los fiscales involucrados en casos de conflicto de la propiedad privada, y para ello dijo que cuenta con el acompañamiento de la fuerza policial.
“Muchas veces debemos aguardar que la Policía complete la cantidad de efectivos que harán falta para un caso específico de desocupación, aunque por lo general no existen mayores problemas al respecto”, puntualizó.
 
Díaz Verón: “Rapidez y eficacia”
El Dr. Díaz Verón indicó que la firma del acuerdo constituye una herramienta referencial importante a la hora de establecer juicios de valor acerca de la necesidad de una intervención inmediata en una propiedad invadida.
“Creo que con la unión del esfuerzo de todos quienes hoy nos estamos comprometiendo a trabajar juntos por lograr una justicia más rápida y eficaz es elemental para satisfacer una necesidad y un derecho humano que en estos últimos tiempos se repite con mucha asiduidad, poniendo en riesgo la seguridad pública y el Estado de Derecho”, señaló.
El acuerdo se firmó en el local del Ministerio Público, con la presencia del presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Dr. Juan Néstor Núñez; el presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, Lic. Carlos Biedermann, y el vicepresidente 1º de la ARP, quien asistió en su calidad de representante rural ante la Feprinco, Dr. Germán Ruiz Aveiro.
La ARP fue señalada como la principal propiciante del acuerdo, teniendo en cuenta los casos recurrentes de invasiones a la propiedad privada que se registran en diversos puntos del país, y que afectan y dañan no solo la producción nacional sino la expectativa de la inversión externa.
“Yo siempre me pregunto quién o quiénes van a querer a venir a invertir o hacer negocios con un país donde no se respeta la propiedad privada, donde los que trabajan son perseguidos y los que acuden a pedir justicia no son escuchados o sus quejas caen en saco roto”, dijo el Dr. Tito Núñez tras ser abordado por la prensa.
Calificó que trascendente para la historia jurídica del Paraguay el hecho de que, tanto el Ministerio del Interior como la misma Fiscalía General del Estado, con el apoyo del sector productivo privado, se sienten juntos y firmen un acuerdo en torno a un objetivo común, como es el derecho al respeto de la propiedad privada.
 
Tito Nuñez: “Objetivo cumplido”
“Hace mucho venimos insistiendo en la necesidad de sentarnos todos juntos a dialogar para llegar a un acuerdo consensuado, y este es el momento que podemos decir con orgullo que ese objetivo se ha cumplido”, añadió el directivo rural.
Comprometió la ayuda y asistencia de la Asociación Rural del Paraguay para que el acuerdo sea cumplido taxativamente en todos sus términos, y para que vuelva realmente al campo la paz y la tranquilidad que todos los productores anhelan para trabajar sin barreras ni violencia.
“Yo me pregunto siempre cuántas cosas lindas, útiles, provechosas, se pueden hacer en este país trabajando juntos y respetándonos mutuamente en nuestros derechos”, puntualizó el Dr. Tito Núñez, tras insistir en la necesidad de establecer reglas claras de intervención en los casos de conflicto, “que confío se dará luego de la firma de este acuerdo con las principales instituciones relacionadas al efecto”.
Uno de los principales “factotum” de la reacción del Gobierno son los casos, cada vez más repetidos, de amenazas, ocupaciones e invasiones de propiedades privadas.
Con el argumento de que “todos los paraguayos y paraguayas tenemos derecho a un pedazo de tierra propia”, organizaciones de campesinos ligados a intereses ideológicos proceden a violentar propiedades ajenas, sembrando pánico y dolor, pisoteando los derechos humanos de terceros, tratando por todos los medios de destruir la producción y con ello las bases jurídicas del Paraguay.
“Las leyes son bien claras y explícitas. Lo único que hace falta, de parte de las fuerzas públicas, es tener voluntad para hacer su trabajo y establecer, con su intervención, el verdadero Estado de Derecho en la República”, apuntó el Dr. Tito Núñez.
Abogados del foro consultados sobre el acuerdo en cuestión, coincidieron en comentar que, en materia jurídica no hay nada nuevo, teniendo en cuenta que los términos del documento se adaptan a los términos de la misma ley.
El valor agregado es la voluntad de intervención inmediata y eficaz para restablecer un derecho perjudicado, lo cual es saludable desde el punto de vista de la reacción del Ministerio Público y la Policía Nacional ante un caso explícito de quebrantamiento de la ley, señalaron.