Asociación Rural del Paraguay

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"Hay zozobra y miedo en el Norte"

Terroristas y carperos se mueven con total libertad.
En audiencia con el ministro del Interior y el Fiscal General del Estado, el presidente y asesores legales de la Asociación Rural del Paraguay denunciaron la escalada de violencia que están sufriendo productores rurales y la población en general. “La gente está acobardada y se siente desprotegida. ¿Cómo se le puede pedir colaboración a ciudadanos de una zona en donde delincuentes terroristas, que no dudan un segundo en matar, se mueven con absoluta libertad?”. Con estas palabras comenzó resumiendo el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, doctor Juan Nestor Nuñez, el estado de zozobra en que se vive especialmente en el norte del país, dominado por la banda terrorista instalada hace años, en el este con el caso Ñacunday y en numerosos otros puntos del país.
El doctor Nuñez, acompañado de asesores legales de la ARP, mantuvo audiencias con el ministro del Interior, doctor Carlos Filizzola y con el Fiscal General del Estado, doctor Javier Diaz Verón. El presidente de la Rural entregó a ambas autoridades detallados memos con los últimos hechos violentos de los cuales fueron protagonistas, en algunos casos, delincuentes fuertemente armados, y en otros, personas conocidas y con antecedentes penales. El doctor Nuñez expresó que mucha gente está ya al límite de la resistencia ante el recrudecimiento de la ola criminal. Agregó que nunca como hoy la policía dispuso de tantos recursos humanos y técnicos y achacó el recrudecimiento de la ola de violencia a la “falta de voluntad política del Gobierno para actuar”.
“Se lo vive a diario”
El doctor Nuñez refirió que “ciudadanos en general, y productores rurales en particular, deben enfrentar diariamente hechos vandálicos de todo tipo: invasiones de propiedades, destrucción de bienes, impedimentos para trabajar , amenazas y extorsiones de todo tipo”.
“Esto se lo hace a la luz del día y a la vista de la policía que lo único que hace es proclamar su impotencia para frenar estos hechos” expresó el presidente de la ARP, quien agregó:
“Ahí está el caso de ese Victoriano López, cuya captura ha sido ordenada por una fiscalía, y que es protegido por los autodenominados ‘carperos’ de Ñacunday. Tenemos que escuchar a un jefe policial confesar su incapacidad para entrar al asentamiento en busca de esta persona… y que van a esperar que salga para detenerlo. Si un jefe policial dice semejante barbaridad, si confiesa tamaña impotencia, ¿qué seguridad puede sentir un ciudadano común frente a estos violentos que actúan con total impunidad?”.
El dirigente rural agregó que la sensación de desprotección es total y se extiende a toda la ciudadanía, del campo y de la ciudad. “Imagínense el caso de 25 de Diciembre, en San Pedro, en donde un grupo de campesinos tomó de rehenes a seis policías y los tuvo presos por tres horas. Si a los propios policías se los secuestra, ¿qué puede esperar el ciudadano común?” refirió el presidente de la ARP.
“Hace tiempo que en el Paraguay se mata por un celular y hasta por la mochila de un escuelero. Los casos se repiten una y otra vez. Nadie está a salvo” sentenció Nuñez.
Casos bien concretos
Tanto el presidente como los asesores legales de la ARP enumeraron al ministro del Interior y al Fiscal General del Estado los casos más recientes de violencia perpetrados por grupos, armados o no, que se mueven a sus anchas por todo el país.
“El más emblemático de esos casos es el de la Estancia Y Potí de Concepción –relata el doctor Nuñez- cuyo propietario recibió amenazas y la exigencia de pagar sumas de dinero y entrega de ganado a asentamientos de la zona. El dueño del establecimiento hizo este planteo al propio ministro Filizzola: ‘Yo voy a negarme a pagar, pero ¿me garantiza UD. mi seguridad, la de mi familia y de mi personal? Yo voy a morir al lado de mis trabajadores si fuera necesario… pero quiero saber si el Estado va a defenderme?’. Es increíble tener que escuchar estas cosas en el Paraguay de hoy”.
El segundo caso es el de la Agroganadera Del Carmen, cuyo retiro de la Estancia La Amanda fue atacado el domingo 4 de marzo, a las 18, por forajidos fuertemente armados. Luego, el de la Agroganadera Jejui, en San Pedro. “Allí la fiscala Lilian Ruiz ha logrado un costoso desalojo de los ocupantes, sólo para que poco después volvieran a ocupar la finca, ocupación que sigue hasta hoy” detalló el presidente de la Rural.
El siguiente caso, y muy grave, es una quema de vivienda en la Estancia Santa Ana de Amambay, perteneciente a Carlos Antenor Consoni, ocurrida el 5 de marzo pasado. Allí también fue destruido por el fuego un vehículo Mitsubishi 2003 placa: HLY3846.
“Vendo todo y me voy”
“Luego tenemos el caso de la propiedad del señor Omar Trueller, ubicada en Capiibary –prosiguió el doctor Nuñez- que es un colono brasileño cuya finca está situada en la calle 26 de Febrero, lado este de esta jurisdicción. La propiedad está arrendada por Celso Ferreira, de la misma nacionalidad. Allí entraron el 5 de marzo pasado unos doscientos campesinos que dicen pertenecer a la denominada Organización de Lucha por la Tierra (OLT), apoyados por vecinos de la zona. Se trata de un establecimiento de aproximadamente 2.800 hectáreas. Trueller dijo que la inseguridad, tanto personal como jurídica, es total. ‘Voy a vender todo y a irme del país’ declaró este señor a ABC Color hace un par de días”. Como parte de su enumeración de casos, el presidente de la Rural citó finalmente el caso Ñacunday, de “vergonzoso y público conocimiento”. “Allí hay un parque nacional en peligro –expresó el Dr.Nuñez- y un asentamiento de hecho que sirve de refugio de delincuentes buscados por la justicia, empezando por el caso ya señalado de este señor Lopez a quien se atribuye varios delitos, entre ellos, un caso de invasión de propiedad en Ciudad del Este llevado por la fiscalía de Arminda Rivas de Monges”.
Falta voluntad política
Tanto el presidente como los asesores legales de la ARP pusieron de resalto que nunca, como ahora, la Policía Nacional dispuso de tantos recursos humanos y materiales: aumento de sus efectivos, nuevas armas, equipos de comunicación, camionetas, motos, helicópteros, chalecos antibalas y toda clase de equipos.
“Y sin embargo –remachó el doctor Nuñez- vemos que la policía teme actuar en muchos casos y reconoce de hecho que hay territorios liberados, como el de Ñacunday al cual un jefe policial dice no poder entrar a buscar un perseguido por la ley. La mayoría de los fiscales que encabezan los procesos de desalojo se quejan de que, a la menor resistencia de los invasores, se quedan solos porque los policías se retiran alegado inferioridad numérica”. Nuñez redondeó la idea diciendo que “lo que falta es voluntad política para hacer lo que hay que hacer”.